«La creación de los alcaldes de barrio, aunque muy ligada a la de los procuradores y síndicos personeros, obedecía a otras motivaciones. Los acontecimientos de 1766 persuadieron al Gobierno de la necesidad de controlar con mayor rigor la población de las grandes ciudades para vigilar a los inquietos y “mal entretenidos” y prevenir nuevos alborotos.

En un principio las medidas se refirieron sólo a Madrid; a propuesta del conde de Aranda se reformó la tradicional división de su caserío en “quarteles” y barrios, para que los Alcaldes de Casa y Corte, que formaban una unidad orgánica autónoma dentro del ámbito judicial del Consejo de Castilla, pudieran ejercer mejor las tareas de vigilancia, prevención y castigo que tenían a su cargo.

La medida se extendió después a las ciudades con audiencias: Valladolid, Granada, Oviedo, Sevilla, La Coruña, Zaragoza, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca; cada una de ellas se dividió en “quarteles”, éstos en barrios y los barrios en manzanas con casas numeradas. En cada manzana se debía colocar una plaza placa (algunas existen todavía) indicando el número de la misma y el quartel y barrio al que pertenecía.

Desde entonces cada vivienda quedó señalizada; acabó la antigua costumbre de indicarlas de forma vaga, por ejemplo: “la casa que está en la calle de la Trapería frente a la tahona que hay junto al convento de agustinos. Fue, pues, una medida de urbanismo a la vez que de policía».

Antonio Domínguez Ortiz. “Carlos III y la España de la Ilustración”. Alianza Editorial, 2005, página 165